De Gustavo Petro a De la
Espriella: la disputa por el Estado, la ideología de las políticas públicas y
los límites constitucionales del poder.
Por Agustín Leal Jerez
La llamada batalla cultural
anunciada por Abelardo de la Espriella no es, en esencia, una batalla cultural.
Es la expresión de una disputa política más profunda: la lucha por orientar el
Estado, definir el sentido de las políticas públicas e imponer una determinada
concepción de la sociedad. Lo que está en juego no es simplemente el
enfrentamiento entre ideas conservadoras y progresistas, sino el uso del poder
institucional para consolidar un proyecto ideológico. En términos de Antonio
Gramsci, estamos ante una guerra de posiciones.
Gramsci comprendió que el poder
político no se sostiene exclusivamente mediante el control del Estado, las
leyes o la fuerza. En las sociedades modernas también depende de la capacidad
de influir sobre las ideas, los valores y las concepciones del mundo que una
sociedad considera legítimos. A esa capacidad de dirección intelectual y moral
la denominó hegemonía.
De esta comprensión surgió su
concepto de guerra de posiciones: una lucha prolongada por conquistar espacios
de influencia en la sociedad civil, las instituciones educativas, los medios de
comunicación, las organizaciones sociales y la cultura. A diferencia de una
confrontación directa por el poder, la guerra de posiciones busca modificar
progresivamente las relaciones de fuerza y construir las condiciones sociales e
intelectuales que permiten a un proyecto político consolidarse. No se trata
simplemente de convencer a los ciudadanos, sino de conseguir que una
determinada interpretación de la realidad termine convirtiéndose en sentido
común y oriente las decisiones colectivas.
Desde que la lucha armada dejó de
ser, en distintos contextos, el medio más eficaz para acceder al poder,
sectores de la izquierda mundial recurrieron a las tesis gramscianas para
construir hegemonías culturales y alcanzar objetivos políticos. En ese proceso,
algunas corrientes incorporaron a sus agendas banderas que trascendían las
reivindicaciones tradicionales de obreros, campesinos y estudiantes, como la
lucha contra el cambio climático, el feminismo, el animalismo y los derechos de
la comunidad LGTBI.
En Colombia, Gustavo Petro ha
llevado esta disputa a un punto de especial intensidad. Primero, como dirigente
político, mediante la construcción del Pacto Histórico, una coalición que
concentró buena parte de la representación electoral de la izquierda y alteró
el equilibrio de las fuerzas políticas, debilitando, a nuestro juicio, la
autonomía de otros sectores y contribuyendo al desplazamiento del centro
político. Luego, como presidente, no solo citando constantemente a este teórico
en eventos oficiales de la Presidencia, sino también tratando de construir una
hegemonía cultural a través de las políticas de Estado.
Una de las primeras señales de
esa orientación fue el nombramiento de Patricia Ariza Flórez, reconocida figura
de la izquierda colombiana, como ministra de Cultura, y el de Hollman Morris,
de afinidad ideológica similar, al frente de RTVC, el sistema de medios
públicos del Estado. Cabe examinar, entonces, cómo durante ese gobierno
determinados nombramientos políticos privilegiaron la afinidad ideológica sobre
la experiencia técnica —valga el ejemplo del ministro de Educación, Daniel
Rojas Medellín— y cómo esa orientación pudo trasladarse a distintas políticas
públicas.
De forma paralela, con Xavier
Vendrell como una de sus figuras visibles, se organizó el colectivo Activistas
por el Cambio, cuya participación en espacios de representación institucional,
particularmente en la educación pública, ha suscitado interrogantes sobre la
relación entre militancia política, autonomía institucional y acción
gubernamental.
Finalmente, en la etapa postrera
de su mandato, Petro planteó iniciativas de organización y movilización
ciudadana que también merecen escrutinio. Entre ellas, la propuesta de crear
una especie de Guardia Cívica, con un tufillo muy afín al de la nefasta Guardia
Bolivariana de Venezuela.
Todo esto estuvo acompañado de
una simbología que ha rayado en el fetichismo, como lo evidencian las puestas
en escena con la espada de Bolívar y el sombrero de Pizarro.
No cabe duda, como afirmamos en
varios artículos de prensa publicados, de que el expresidente Petro gobernaba
con los Cuadernos de la cárcel, de Gramsci, debajo del brazo.
La batalla cultural anunciada por
el presidente Abelardo de la Espriella no es más que una respuesta a la
ideologización de las políticas públicas del gobierno anterior.
Desafortunadamente, se le ha dado el nombre rimbombante de batalla cultural a
lo que, en realidad, es una guerra de posiciones.
Estamos ante un juego de ajedrez
en el que el enroque hacia la derecha de la mayoría del pueblo colombiano marca
el rumbo de las nuevas políticas públicas.
La denuncia de Abelardo de la
Espriella sobre el uso de la cultura como instrumento ideológico plantea una
cuestión que merece ser discutida sin caricaturas. El Estado no es neutral en
todos los sentidos: debe promover los derechos constitucionales, garantizar el
acceso a la cultura y reconocer la diversidad de la sociedad. Pero esa
obligación no autoriza a ningún gobierno a convertir sus preferencias
partidistas en una doctrina oficial ni a utilizar los recursos públicos para
descalificar a quienes discrepan.
En ese punto, la crítica a la
ideologización de las políticas públicas puede ser legítima. Los ministerios,
las entidades culturales, las instituciones educativas y los medios públicos
deben responder a finalidades públicas verificables, no a la necesidad de
imponer una identidad política. La pregunta decisiva no es si una política
expresa valores —porque toda política pública incorpora decisiones sobre
prioridades y bienes colectivos—, sino si esos valores son compatibles con la
Constitución, si se justifican con razones públicas y si respetan el
pluralismo.
Sin embargo, una cosa es
cuestionar el uso partidista del Estado y otra muy distinta sería pretender
sustituir una hegemonía por otra.
Saludamos esta «batalla
cultural», en el entendido de que se trata de desmontar la ideologización de
las políticas públicas, siempre y cuando se respete el pluralismo de la nación,
amparado en múltiples sentencias de la Corte Constitucional.