Para frenar la corrupción de lo que se había denominado, la industria de los embargos, un
entramado voraz que se había armado entre algunos miembros del Poder Judicial en
la ciudad, algunos colegas abogados y la misma Administración Municipal de la época,
para desangrar el tesoro Público. El día,
4 de julio de 2002, se suscribió el Acuerdo de Restructuración de Pasivos entre
el Municipio de Magangué y sus acreedores, bajos los mandatos de la Ley 550 de
1999.
Han trascurrido ya casi veinte años de su suscripción, y lo que se instauró
para combatir la corrupción, se ha vuelto la francachela más grande de desfalco
a las arcas municipales. El Acuerdo ha sido reformado dos veces, para ajustarlo
a lo que han querido las administraciones de turno, para colgarle todo tipo de
obligaciones de dudoso sustento jurídico.
Lo denunciado por el medio digital, El Comunicador, en días recientes,
relacionado con el cobro doble de la construcción del parque del barrio Camilo
Torres, no es más que la punta del iceberg, de un vericueto armado para cobrar
todo tipo de obligaciones de forma irregular, suplantando a los acreedores con
poderes y cesiones de crédito falsos, reciclando cuentas pagadas, cuentas sin
los suficientes soportes que den certeza que se prestó el servicio o se ejecutó
la obra, y el juego de la pirinola que ahora tienen con el pago de la indexación
de las acreencias, etc
Lo peor de todo esto, es que este despelote, se de en las narices de la
doctora Ana Lucia Villa, Jefa de la División de Apoyo Fiscal del Ministerio de
Hacienda, conocida como la dama de hierro,
por su defensa férrea en la transparencia de los procesos de restructuración
de pasivos en todo el País, como directa responsable que es. Ha sido tanto su
celo en esta labor, que mandó a la cárcel, a casi todos los magistrados del
Departamento del Chocó, por actos indebidos en sus decisiones judiciales,
respecto a los acuerdos de restructuración.
Mientras todo esto pasa, más de 30 ex trabajadores de la empresa de
servicios públicos- SERVIMAG, a quienes, en sentencias laborales, ejecutoriadas
se les ha ordenado su reintegro y el pago la indemnización por su retiro
injusto, mueren de hambre y miseria; algunos, ya avanzados en edad, que ni
siquiera pueden obtener la jubilación, porque el municipio de Magangué, no ha
cancelado los correspondientes pagos de la seguridad social.
En la segunda modificación del Acuerdo de Restructuración de Pasivos de Magangué, llevada a cabo el 17 de mayo de 2013, previendo este tipo de situación se dispuso:
CLAUSULA OCTA: Se modifican los numerales 3 y 4 del Parágrafo 1. de la CLAUSULA DECIMA
3. En el encargo fiduciario se deberán constituir los siguientes FONDOS DE CONTINGENCIAS:
Créditos litigiosos anteriores a la Segunda Reforma y pasivo laboral liquidación entes descentralizados: La provisión de este fondo de contingencias se realizara de la siguiente forma: $1.600 millones en 2013, $1. 061 millones en 2014, en 2015 y 2016 con el 50% de los recursos de la sobretasa a la gasolina reorientados al ACUERDO y 30% en adelante
Créditos litigiosos posteriores a la Segunda Reforma: La provisiona de este fondo se realizara con el 50% del ahorro de los ingresos corrientes de libre destinación .
Es decir, que la liquidación de SERVIMAG, está prevista desde el año 2013 y
sus pasivos labores cubiertos por el Acuerdo de Reestructuración. Sin embargo, se
mantiene viva, sin cumplir con el objeto de su creación, porque la prestación del
servicio fue entregado a un particular, solo para mantener su fortín político y
para que los recursos dispuestos para su liquidación en el Acuerdo de Restructuración,
sirvan para tomarlos en el pago de todas las sinverguenzuras de que hemos
hablado.
