Cuenta
la paradoja escolástica, en una de sus versiones, que un asno murió de hambre
en medio de dos parvas de heno, porque no fue de capaz de elegir por cual
comenzar. El administrador público se enfrenta todos los días a este dilema. La
priorización del gasto público y el establecimiento de una ruta crítica en las
tareas del gobierno es un asunto sumamente técnico y complejo, pero ello, en
últimas, es lo que mide el talante de cualquier gobernante y su equipo.
Aclarado
en gran medida el hecho de que el Distrito de Cartagena no se encuentra en
bancarrota, por los informes que la Secretaría de Hacienda Distrital ha
presentado al Concejo, y que los efectos negativos de la pandemia del Covid-19
no ha tenido un resultado calamitoso sobre las finanzas distritales, le
corresponde a la administración del alcalde Dau entrar sin más excusas y
pérdida de tiempo a resolver los problemas más urgentes de la ciudad.
Muy
pocas veces en la historia de Cartagena se ha contado con recursos suficientes
y a la mano del gobernante, para apalancar los bienes y servicios que el
Distrito y su comunidad demandan.
A 31 de diciembre de 2020 se contaba, de acuerdo con el Acta de Cierre Fiscal y financiero de 2020, con los siguientes dineros:
Y
en lo que va corrido del año, por concepto de Impuestos de Predial Unificado e
Industria y Comercio, la suma de $281’016.428.795.
Es
decir, que solo por estos conceptos hay en Tesorería $718’979.831.192, sin
sumar las doceavas partes recibidas del Sistema General de Participaciones
-SGP, sobretasa a la gasolina y estampillas años dorados. Sin especular,
podríamos afirmar que la Administración distrital cuenta con más de un billón
de pesos, a este mes de abril 2021, para solventar sus gastos de funcionamiento
e inversión.
Esto
en cuanto a dinero en efectivo, pero la fortuna es mayor, por la flexibilidad
presupuestal que tienen y les permite adicionar a la presente vigencia,
superávits fiscales de pasadas vigencias y de la vigencia 2020, por valor de
$38’978.626.562, recursos de libre destinación, que pueden orientarse hacia
donde la Administración distrital crea que es la prioridad del gasto. Además de
$113’200’589.665 correspondientes a recursos de destinación específica, saldos
sin ejecutar a 31 de diciembre de 2020. Muy pocas veces se descubre un filón
aurífero de esta magnitud.
Por
todo esto, no entendemos las razones por las cuales esta administración ha
dejado llegar a Transcaribe al estado de postración actual, si cuenta no solo
con recursos en caja sino con bastante maniobrabilidad fiscal y presupuestal,
que le permite, inclusive, con base en las facultades otorgadas por los
artículos 107 y 108 del Acuerdo 044 del 2020 (Presupuesto de la presente
vigencia), suscribir un convenio de pago con los acreedores más inmediatos de
Transcaribe, aquellos que pueden parar el sistema de trasporte masivo, con
pagos periódicos que vayan hasta el 31 de diciembre del año 2023, para lo cual
también podría variar recursos de destinación específica.
Esta
administración, sin más dilaciones y pretextos, tiene que tomar decisiones
trascendentales para que la ciudad vuelva a renacer. Los programas para la
reactivación económica, y aquellos destinados a combatir la pobreza y
desigualdad, no dan más espera. No se pude repetir lo del año pasado, cuando
estos recursos, en plena vigencia del confinamiento estricto, quedaron sin
ejecutar. No se puede volver a repetir que el Establecimiento Publico Ambiental
-EPA – y la Oficina de Valorización, entidades que tienen que ver mucho con los
canales y drenajes pluviales, vuelvan a generar superávits por falta de ejecución.
Creemos,
y así lo hemos defendido desde esta tribuna, que la Secretaría de
Infraestructura, por lo que se ha visto en el manejo de la licitación para el
arreglo de la malla vial, está en buenas manos. Debe dársele toda libertad para
que inunde con obras públicas la ciudad y, de esta forma, contribuir al
movimiento de la economía local.
Con
esta coyuntura económica y presupuestal que vive el Distrito, es hora de que la
administración del alcalde Dau les de un tapabocas a todos sus detractores.
* Abogado,
especialista en Derecho Público con experiencia en Derecho Urbanístico,
Ordenamiento Territorial, Contratación Estatal y Gerencia de la Defensoría
Pública, entre otros temas.