El silencio del Aquarela

 

La mejor forma de lidiar con una papa caliente es, por supuesto, dejarla enfriar. El poder judicial es maestro en este tipo de estrategias. Se toman medidas en caliente para la tribuna, para luego, pasado un tiempo, cuando ya la opinión pública se haya relajado, dejar en libertad al detenido, por vencimiento de términos, en materia penal; o archivar una investigación, o levantar las medidas cautelares, como se hace en las demás jurisdicciones.

Después de una arremetida jurídica y mediática, el Ministerio de Cultura, La Procuraduría General de la Nación y la Personería Distrital de Cartagena, el día 16 de octubre de 2017, obtuvieron del Juzgado Décimo Administrativo del Circuito la suspensión de la licencia de construcción del edificio Aquarela. Alegó el juzgado, para fundamentar su fallo, además del principio hermenéutico de prevención, en tratándose de proteger un bien de interés cultural de una posible agresión, el hecho evidente de que la Curaduría Urbana No. 1 mal interpretó la Circular de Diciembre 10 de 2013, donde la Secretaría de Planeación reglamentó algunos tópicos de las viviendas y proyectos de interés social en el Distrito, al pretender darle un alcance que no tenía, cual era permitir la construcción de viviendas de interés social en cualquier parte de la ciudad, sin tener en cuenta las alturas definidas para cada zona en especial por el Plan de Ordenamiento Territorial

Esta medida cautelar fue recurrida por los titulares de la licencia y demás intervinientes afectados ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, que no solo confirmó la medida por los anteriores argumentos sino que, además, complementó la argumentación con nuevas fallas en la expedición de la licencia. Esto, en tanto que el curador no constató la ubicación exacta del predio donde se construye el edificio, ya que, indiferentemente, se refiere a la zona, unas veces como barrio Torices y otra como El Espinal, siendo que ambos tiene un tratamiento urbanístico distinto.

Posteriormente, la Inspección de Policía de la Comuna No.2, a través de un proceso de restitución del espacio público, ordenó la demolición de 619.59 M2 de la fachada del edificio que invade el espacio público. La medida se encuentra ejecutoriada y el plazo para que el propietario haga la demolición, vencido. La Procuraduría General de la Nación agotó todas las vías frente a la Administración distrital para que el alcalde procediera a su demolición, pero lo único que el Ministerio Público consiguió fue ser víctima -una vez más – del bullying mediático del burgomaestre.

Después de releer las providencias del Juzgado Décimo Administrativo, que suspendió la construcción del proyecto, y del Tribunal Administrativo de Bolívar, que confirmó la medida, no alcanzamos a comprender por qué, transcurridos casi cuatro años, no ha habido un pronunciamiento definitivo sobre este problema. Tampoco asimilamos la conducta del señor alcalde, quien se precia de ser el padre de los cartageneros y cartageneras pero ha tolerado semejante insulto al urbanismo de la ciudad y toda la normativa monumental existente en el mundo.

Entre tanto, el edificio Aquarela, invencible, nos muestra su torre enhiesta como símbolo de la apatía ciudadana y la desidia de una Administración distrital que cada día parece alejarse de los intereses más sublimes de la ciudad.