Por Agustín Leal Jerez *
El alcalde, como jefe de la administración y representante legal del Distrito, está en todo su derecho de promover una restructuración administrativa en todas las dependencias distritales, así como la supresión o liquidación de los establecimientos públicos que considere ineficientes. De igual forma, puede solicitar la liquidación de las empresas industriales y comerciales del orden distrital que entren en dicha causal y no haya forma de enervarla. Igualmente, tiene la atribución de proponer transformaciones, fusiones o escisiones de estas empresas con el fin de optimizar su funcionamiento.
Pero estas decisiones se toman con base en estudios técnicos, donde se analicen las diversas alternativas que mejor encajen en el engranaje administrativo distrital y se evalúen sus impactos en los bienes y servicios que presta el Distrito. Y solo si ese análisis, finalmente, muestra que la mejor alternativa es la liquidación definitiva de un establecimiento público o de una empresa distrital, adecuar la estructura administrativa central o crear otra entidad para que asuma sus funciones.
En la actualidad existe dos empresas industriales y comerciales distritales que han entrado en causal de disolución: Transcaribe S.A., donde sus pérdidas superan el 50% del capital social, y la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar -Edurbe, que, según se dice, se encuentra en igualdad de condiciones.
En el caso de la primera, sorprendió el mandatario local al solicitar como solución de la crisis, la extraña figura de la intervención por parte del Gobierno Nacional. Y en caso de la segunda, el remedio que propone es su liquidación. Pero, hasta la fecha, la única razón que ha esgrimido el alcalde para tomar estas decisiones es que ha habido corrupción en ambos entes, porque han sido tomados como fortines políticos.
La situación de Transcaribe, independientemente de sus manejos del pasado y de las decisiones erradas que se hayan tomado por parte de administraciones anteriores en su construcción y operación, requiere de acciones contundentes de corto plazo por parte del Distrito, que permitan que el sistema no se paralice, independientemente de las gestiones que se adelanten a nivel nacional y local para lograr su sostenibilidad a largo plazo. La liquidación de Transcaribe es impensable pero, estando en causal de disolución, cualquier acreedor con quien no sea posible un arreglo directo podría solicitar su liquidación por vía judicial y pedir la realización de sus activos.
En el caso de la liquidación de Edurbe, ya lo habíamos anunciado en Revista Metro, en la columna ‘Y Edurbe, ¿dónde está, cuando estudiamos el Plan de Desarrollo 2020-2023 ‘Salvemos Juntos a Cartagena’ y en la línea estratégica ‘Desarrollo Urbano’ Edurbe apenas se nombra; así como en el programa ‘Ordenación Territorial y Recuperación Social, Ambiental y Urbana de la Ciénaga de la Virgen’, que cuenta, además, con la formulación de tres planes parciales de renovación urbana, donde la entidad brilla por su ausencia.
Los grandes éxitos en políticas de ordenamiento territorial que han tenido Medellín, Cali y Barranquilla, con sus grandes transformaciones urbanas, se han debido, fundamentalmente, a que a través de sus empresas de renovación urbana han entrado al mercado inmobiliario en asocio con el sector privado, gestionando el suelo, elaborando y ejecutando planes parciales de renovación urbana, principalmente para viviendas de interés social y la recuperación de guetos urbanos, como en nuestro caso sería la renovación urbana de Bazurto y del Cerro de la Popa.
El Plan Maestro de Drenajes pluviales, según expresó desde New York el experto Álvaro González en el Foro Caribe Ambiental 2020, no solo requiere reformularse e implementarse, sino que demanda de una institución, como lo fueran las extintas Empresas Publicas Municipales de Cartagena, para que se encargue de su vigilancia y mantenimiento. Creemos que si transformamos a Edurbe en una verdadera empresa de renovación urbana para que gestione el suelo, formule y ejecute planes parciales, y le asignamos las tareas de la renovación urbana de Bazurto, Ciénaga de la Virgen y Cerro de la Popa, y la constituimos en la entidad que maneje el Sistema de Drenajes Pluviales y su mantenimiento, sin duda alguna se constituiría en una empresa rentable para el Distrito.
El hecho es que, si por ineficientes debemos liquidar algunos establecimientos públicos distritales, tendríamos que analizar la siguiente situación: a través del Acuerdo 028 de 2020 se incorporaron $25.079’470.195 como cofinanciación del Distrito a la Ley de Punto Final para cubrir en gran parte el déficit fiscal del Departamento Administrativo de Salud -Dadis, que anda manga por hombro; y mediante Acuerdo 030 de 2020 se dispusieron más $4 mil millones para cubrir el déficit fiscal del DATT, el IDER y la Oficina de Valorización Distrital durante el año 2020 no ejecutó un peso; solo se cancelaron sueldos y gastos de funcionamiento.
En consecuencia, en ese orden de ideas, alcalde, ¡liquide el Distrito de Cartagena!
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