La grave crisis social y de orden público por la que atraviesa el país no es más que el resultado de la nefasta conjunción entre un pésimo Gobierno Nacional y unos gobernantes territoriales aún peores. La macroeconomía es responsabilidad exclusiva del Gobierno Central, pero la pobreza multidimensional y monetaria es, en gran medida, responsabilidad de las entidades territoriales.
Hemos venido observando las finanzas distritales en estos dos últimos años y, si bien es cierto que se ha ganado mucho en transparencia y en ejecutorias, las cosas marchan igual o peor que en administraciones pasadas.
No hemos conocido, hasta la fecha, una propuesta fiscal audaz por parte de la señora secretaria de Hacienda que justifique el hecho de haber tenido que desplazar el excelente recurso humano local para su designación. La Hacienda Pública distrital marcha con la inercia que trae desde los años 2005, cuando se ejecutó un Plan de Ajuste Fiscal y Financiero.
Desde esta tribuna nos hemos cansado, hasta la saciedad, de pedir los ajustes hechos al marco fiscal de mediano plazo con ocasión de la pandemia, y no hemos tenido respuesta alguna. Pero por lo ejecutado presupuestalmente por la Secretaría de Hacienda en la vigencia anterior y lo que va corrido de la presente (que, de acuerdo con su informe presentado al Concejo Distrital, para el primer semestre 2021 solo ha ejecutado un 3.92% del presupuesto), la verdad es que los programas de fortalecimiento institucional, finanzas sanas y robustas y adquisición de software de esta Secretaría duermen el sueño de los justos.
La inercia en las políticas fiscales del Distrito es fácilmente demostrable con un breve análisis del comportamiento de los ingresos corrientes de libre destinación -ICLD – del periodo enero-marzo 2020 y enero-marzo 2021, en donde, en plena crisis económica originada por el Covid-19, se recaudaron porcentajes similares a los ejecutados antes de la pandemia, con un incremento en el recaudo del 2.82%, como se observa en la siguiente gráfica:
La explicación más plausible de este comportamiento, no obstante las fantásticas medidas de alivios tributarios expedidas por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia económica, y que fueron acogidas a través de decretos por la Administración Distrital, es que en el Distrito de Cartagena siempre pagan los mismos contribuyentes. Ninguna administración ha hecho ninguna gestión fiscal para ensanchar la base gravable de los impuestos distritales; como tampoco se ha depurado la cartera morosa del Impuesto Predial e Industria y Comercio, con el fin de que más contribuyentes pueden cumplir con sus obligaciones tributarias.
No podemos continuar con una cartera de moroso de $1.5 billones en nuestros estados financieros a sabiendas de que más de la mitad de esos dineros son irrecuperables.
La ausencia de una política fiscal audaz y una visión clara de ciudad nos pueden precipitar a una situación similar a la que vive la ciudad de Cali y la mayoría de los municipios de la sabana de Bogotá. Los indicadores de pobreza y desigualdad son cada día más alarmantes. De acuerdo con la Encuesta Pulso Social – Undécima Ronda Cartagena, en el trimestre marzo-mayo de 2021 el 68.9% de la población, afirma no comer tres veces al día. En el mismo periodo, el 93.6% de las personas jefes de hogar y sus cónyuges en la ciudad de Cartagena afirman que, comparado con la situación económica de hace un año, no tiene mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc.
La respuesta fiscal de la administración Dau para enfrentar esta crisis es contraer el gasto público. La variación del gasto vigencia 2019 con respecto a la del 2020 fue de $229.344’587.477. Para la actual vigencia, con una ejecución del primer semestre del 54.31% que incluye la deuda publica ejecutada en 25.09%, las cosas van por el mismo camino.
La ejecución de los programas para la reducción de la pobreza y desigualdad no han arrancado. Ya todos conocemos lo sucedido en la vigencia 2020. Ahora, cuando desde el Concejo se plantea un programa para reglamentar las pasantías de 300 jóvenes estudiantes para que puedan hacer sus prácticas profesionales, técnicas y tecnológicas en las diversas entidades distritales. A cambio de ello, el Distrito, debe reconocer un salario mínimo durante un semestre, a todos los practicantes, con cargo a los diferentes rubros de apoyo a la gestión del presupuesto. Pero la respuesta de la Secretaría de Hacienda fue negar el aval al proyecto, con el pretexto de la no existencia de recursos, cuando todos sabemos que, por la baja ejecución de los gastos de inversión de esta Administración, siempre quedan saldos presupuestales. Mientras tanto, los jóvenes siguen en la calle, sin esperanza, luchando por su futuro.
La competencia está tenaz. No sabemos quién hace más por llevar a la gente a una situación de no retorno, si el Gobierno Central o algunos territoriales.