En este espacio dispuesto por Revista Metro hemos venido presentando, domingo a domingo, una serie de análisis sobre los problemas más sentidos de Cartagena.
A partir de hoy, con el fin de que el ciudadano común y corriente tenga una perspectiva de cómo marcha la Administración del alcalde William Dau Chamat, esto es: para poder determinar si estos problemas son de carácter coyuntural o estructural, y sobre todo si existe o no un serio compromiso del actual equipo de gobierno actual para solucionarlos, concentraremos nuestra atención en los problemas más urgentes, particularmente aquellos que, por su impacto en todos los sectores locales, en el corto plazo pueden hacer colapsar la gobernabilidad de la ciudad.
Y dos de estos temas, tal vez los más trascendentales, son la política fiscal del Distrito y sus efectos sobre los indicadores en materia laboral y de reactivación económica, pobreza y desigualdad; y Transcaribe S.A.
Empezaremos por el segundo tema debido a que, hasta la elaboración de esta columna, la secretaria de Hacienda Distrital no ha rendido el informe contable y financiero del primer semestre del año no obstante haber sido requerida varias veces por el Concejo Distrital.
Es cierto que los Sistemas Integrados de Transporte Masivo -SITM – en Colombia tienen serios problemas estructurales, pero también conocemos que, dada la ineficiencia natural del estado para participar en un mercado de libre competencia como lo es el sistema de transporte público, lo que se requiere es garantizar este servicio de manera exclusiva y excluyente. Es decir: sin monopolio en el transporte público urbano de pasajeros no hay SITM.
Hemos conocido el estudio de ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y DEL DISEÑO OPERACIONAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA contratado por Transcaribe S.A. y no solo hemos constatado esta realidad sino que, al lado de todos sus problemas económicos, subyacen otros de igual gravedad pero que solo obedecen a la inoperancia de la Administración distrital en el manejo del sistema.
De acuerdo al diagnóstico elaborado por el estudio comentado, el volumen de pasajeros movido por el SITM en el periodo 2010 – 2018 es:
Como vemos en la gráfica, el declive en el volumen de pasajeros ha sido constante, muy a pesar de la ampliación en el número de vehículos prestadores del servicio y de algunas rutas nuevas. Prima facie, en esta parte lo que vemos es una pérdida de competitividad del SITM frente a los demás sistemas de Transporte Público Colectivo -TPC – porque la demanda de pasajeros debe ser igual o superior.
Extractando del estudio en comento podemos distinguir los principales obstáculos para que Transcaribe pueda alcanzar una tarifa técnica adecuada. A largo y mediano plazo: la ampliación de las rutas, la reducción en la frecuencia de despachos y la terminación del programa de chatarrización. Y a corto plazo: el TPC ilegal, el TPC legal pero irregular, y el mototaxismo.
El transporte público colectivo ilegal es aquel prestado por vehículos particulares, con o sin plataforma digital, mototaxis y vehículos de servicio público no autorizados para colectivo. Sobre este tipo de transporte el estudio ya citado no trae cifras en cuanto a volumen de pasajeros, sino simplemente, fueron identificados y levantados los recorridos de 19 rutas (seis de vehículos particulares y 13 de taxis colectivos) que operan en el área urbana, siendo la más importante de estas rutas la Terminal de Transportes – Bomba El Amparo – Centro. Acerca del mototaxismo solo mide el impacto sobre el SITM que, para el año de 2018, registra un incremento del 15% de entradas entre un viernes sin moto y otro normal. Para el año 2019, el incremento fue del 20,4%.
El TPC irregular es quizá el problema más grave que tiene en estos momentos el SITM. De las 23 rutas del transporte público colectivo que operan en la ciudad destacamos los siguientes datos: solo tres rutas coinciden en un 90% con el recorrido aprobado por el DATT. El resto, que es la inmensa mayoría, solo coinciden en un 40%. Pero lo increíble de todo es que 11 rutas no tienen recorrido establecido en el Decreto de asignación de rutas.
Como ñapa podemos decir que el estudio señala además que «de acuerdo con los datos disponibles en la página oficial del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) se cuenta con un total de 1.493 vehículos de TPC registrados desde 1991 al 2014 con la siguiente distribución de modelos de los vehículos, de los cuales el 31,95% son vehículos mayores de 20 años».
Como hemos expresado, a modo de introducción en esta columna, para que un SITM pueda funcionar con alguna factibilidad económica y operativa debe constituirse un sistema monopolístico en la prestación del servicio. Pero este caos institucional, sumado a la falta de control en el transporte público, bajo la mirada contemplativa de los funcionarios del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte -DATT – y del mismo Transcaribe hacen que el sistema cada día sea menos competitivo y deteriore más sus ventas, como se ha expuesto en la gráfica señalada.
La cuestión no es de tarifas, porque el estudio demuestra que los demás sistemas son más costosos, en tiempo trascurrido en la ruta o en dinero, que Transcaribe.
Esto lo conocen los transportadores, y es por ello que, con la ayuda del poder judicial, están reviviendo las rutas caducadas por la Administración distrital, ante la pasividad de unos servidores públicos que, desde el año 2015, no han podido evitar la medida cautelar de suspensión de los actos administrativos que cancelaron algunas rutas a la empresa de Transportes Montero.
A corto plazo, la respuesta para aumentar la demanda en el SITM es ejercer la autoridad legítima del Distrito en materia de transportes y tránsito. En lo atinente al transportes se hace necesario, en procura del interés general, restructurar todas las rutas del TPC para que no compitan deslealmente con Transcaribe. En el tránsito, el control sobre el estricto cumplimiento de las rutas definidas y las normas de circulación. Y en defensa judicial, agudizar la respuesta administrativa, judicial y de medios de comunicación para evitar más casos de reactivación de rutas por vía jurisdiccional.
Pero, mientras ello ocurre, lo que la Administración distrital está pensando para estimular la demanda y el posicionamiento estratégico del sistema de transporte es en suscribir un convenio interadministrativo con Transcaribe S.A. para ejecutar el proyecto ‘Transcaribe Transformando Vidas’ cuyo objeto es contratar por OPS «179 personas en condiciones de pobreza extrema» como ingenieros, despachadores, inspectores, auxiliares de mantenimiento, apoyo en planeación y aforo, entre otras profesiones y ocupaciones, por un valor de $1.000 millones, con cargo al Programa de Emergencia Social -PES – Pedro Romero.
¡Qué barbaridad! ¿Qué le habremos hecho los pobres al alcalde Dau?