Hay algo que se quiere corromper en Cartagena. Corren rumores de ciudad.
Para los juristas solo existen dos formas de llegar a la certeza de un hecho: la prueba directa, que consiste en extraer la verdad de la práctica de un medio de prueba, como la inspección judicial o el testimonio; y la indirecta, que es tener un hecho o hechos como probado o probados, y de allí, derivar, mediante la inferencia lógica, la existencia de otro u otros.
Algo parecido existe en la vida práctica. No todas las veces se requiere tener prueba directa de un hecho de corrupción o de ofensa a la moral pública para llegar a la certeza de un hecho que, mirado de forma simple, parecería un mero rumor.
Desde esta columna de opinión hemos manifestado un sinnúmero de veces que, para ser la bandera anticorrupción el único mérito para elegir al señor William Dau, alcalde de Cartagena, no veíamos ninguna acción de gobierno seria o instituciones novedosas en su Plan de Desarrollo ‘Salvemos Juntos a Cartagena’ para extirpar este mal que, en últimas, es el que tiene comiendo a la mayoría de los ciudadanos una o dos veces al día.
Aparte de dos payasadas, propias de su personalidad cantinflesca, como el ‘Baile del Corrupto’ y el premio ‘Piedrahita Aduén’, introducidos como mecanismos «novedosos» para combatir la corrupción administrativa, no hay nada más en su Plan de Desarrollo que nos permita inferir que nos va a dejar un legado en materia de control a la corrupción política y administrativa en el manejo de la ciudad.
La ridícula meta de aumentar en un 10% la participación en los procesos contractuales que realice el Distrito es abiertamente ilegal y promotora de la corrupción, ya que lo que Ley establece es la obligación de garantizar al 100% la participación de todo el universo posible de participantes.
Por el contrario, lo que hoy existe es un sinnúmero de indicios que comprometen seriamente la transparencia de la Administración Distrital y el decoro en el manejo de la cosa pública.
Desde sus inicios, bajo confesión de ignorancia supina e impericia por parte del mismo alcalde, hemos venido soportando sobreprecios y contratación fútil en los bienes y servicios que consume el Distrito, como algunas de las realizadas durante la emergencia sanitaria del Covid-19. El propio mandatario -repito – lo ha confesado: ‘«Errores en contrato de pruebas rápidas fueron unas primiparadas»: William Dau‘
Pero, vistos por separado, dos hechos que aparentemente no revisten gravedad penal o disciplinaria ante los ojos de los profanos, marcan sin duda el fin de las ilusiones ciudadanas con el señor Dau y su lucha anticorrupción: contratar con la Empresa de Desarrollo de Bolívar -Edurbe – la ejecución de unas obras civiles que superan los $2.400 millones y la inscripción por parte de su hijo Abraham Dau, para esos mismos días, de un grupo político confirmando la voluntad y la intención del burgomaestre de lanzar candidatos propios a distintos cargos de elección, admitida públicamente a La Silla Vacía en la nota »El alcalde de Cartagena quiere llevar la antipolítica de su movimiento al Congreso‘.
Como se sabe, y como el propio Dau ha asegurado antes de suscribir con Edurbe un nuevo convenio, esta empresa ha sido el as de bastos de las administraciones ‘malandrinas’ para burlar el Estatuto Contractual del Estado, en abierta contradicción con los principios supralegales de la función pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política.
Sobran los informes de los entes de control y organizaciones no gubernamentales que dan cuenta de la incompetencia de esta entidad para ejecutar dichas contrataciones. La mayor parte de los activos de Edurbe se han ido en dudosas conciliaciones y pagos por compensación con contratistas de esa entidad, que inclusive, correspondían a obras realizadas por los contratistas sin que mediara contrato adicional o actas de obras por mayor valor.
Pero, además, la probada incursión en política del hijo del alcalde y más recientemente un supuesto ofrecimiento del décimo renglón en la lista del Senado del Pacto Histórico al mismo personaje, sería el acabose y la burla más infame que se le haría al pueblo cartagenero, que lo eligió para evitar precisamente eso: que se tome a la Administración Pública como un fortín político.
Es totalmente imposible que un grupo político prohijado por el propio hijo de un alcalde y, sobre todo, las candidaturas al Congreso de este u otros individuos cercanos al mandatario no involucre a su administración, por acción u omisión, en una contienda electoral.
Por las características viscerales del próximo debate político que se avecina, de ser cierto lo dicho, la Administración Distrital de Cartagena perdería absolutamente -entonces sí – la gobernabilidad.
Dios nos guarde