Hemos afirmado hasta la saciedad en esta tribuna que la pobreza y la desigualdad en Cartagena de Indias parten de las erradas políticas de ordenamiento del territorio que se han implementado desde la fundación de la ciudad.
Las instituciones que tienen que ver con el ordenamiento del territorio y el urbanismo llevan en su seno un sesgo clasista primigenio porque, precisamente, surgen para impedir que las personas cultiven, construyan, ejerzan sus actividades o habiten en los sitios que no les corresponde, ya porque constituye un riesgo para sus vidas o de la comunidad en general, ora porque así lo ha establecido un sistema de gobierno o de clases determinado.
Este es el problema fundamental del ordenamiento territorial y el urbanismo, desde sus orígenes hasta nuestros días: avenir una suma de intereses de clases dentro de una normatividad que lo que debe perseguir es un orden social, económico y ambientalmente justo y sostenible.
Cartagena ha sido construida, gobernada y administrada para que funcionen las actividades turísticas, portuarias e industriales, pero sin pensar en la gente.
De todas estas actividades económicas, las que más peso han tenido, por su naturaleza sobre la construcción de la desigualdad, ha sido el turismo, seguida a corta distancia por la industria.
El turismo es nuestro dilema del prisionero: es la que más desigualdad territorial y externalidades negativas produce, pero es la que más recursos y mayor empleo genera. El problema ha radicado en que es una actividad que se ha implantado, territorialmente, a costa de la exclusión del ciudadano común, y sin una política pública adecuada para contrarrestar las externalidades negativas, tales como el turismo sexual, el comercio del mismo tipo con menores de edad y la drogadicción, por ejemplo.
Cuenta la historia que, antes de que los pobladores del barrio de Chambacú fueran erradicados, un ‘ilustre’ ingeniero cartagenero propuso construir un muro alrededor del gueto para impedir su visualización por parte de los visitantes. Esa ha sido la constante desde los años 30’s, cuando Cartagena comienza a despuntar como destino turístico internacional: esconder la pobreza y la desigualdad de la ciudad, para su venta.
La consecuencia inmediata de esta desafortunada política ha sido que la población desplazada por estas actividades ha tenido que habitar en las zonas ambientalmente más vulnerables, agudizando la pobreza multidimensional y presionando los recursos ambientales, susceptibles de una explotación turística sostenible.
Otra ha sido la problemática en el sector industrial, que también ha contribuido a ampliar la brecha de la desigualdad.
Gracias a una generación de emprendedores y a su privilegiada ubicación en la confluencia de la Bahía de Cartagena y el Canal del Dique, Cartagena se ha convertido desde los albores del Siglo XX en una pujante ciudad industrial y portuaria. Pero esta prosperidad en poco ha beneficiado a los sectores más vulnerables de la ciudad. Por el contrario, no solo no ha generado la empleabilidad que la magnitud que estas empresas representan, sino que ha generado asentamientos sin sus necesidades básicas satisfechas y, para colmo, sometidos a sus riegos tecnológicos, que mantienen en ascuas a los habitantes de Pasacaballos, Albornoz, Policarpa, Arroz Barato, Ceballos y amplios sectores de El Bosque, por citar alguno de ellos, sin ningún tipo de plan para mitigarlos.
El manejo irresponsable de sus vertimientos a la Bahía y emisiones de sustancias toxicas que luego se precipitan con la lluvia en los cuerpos de agua, está arruinando la subsistencia de la población que vive de la explotación pesquera y amenaza seriamente la actividad turística de la Bahía de Cartagena y su cuerpo lagunar.
Por todo lo expuesto, saludamos a los medios de comunicación que se han dado a la tarea de desnudar la pobreza y desigualdad de la ciudad a través de ensayos periodísticos e infografías que ilustran al país y al mundo la realidad de esa otra Cartagena, olvidada y sin esperanza.
En Revista Metro, además, en compañía de analistas, profesionales de diferentes áreas y líderes de opinión, nos hemos dado a la tarea de explicar, mediante detallados y rigurosos análisis, el por qué de esa dolorosa realidad, y es claro que su línea editorial apunta a contribuir a combatir ese fenómeno.
Creemos firmemente que enseñar esa otra Cartagena (por dolorosas que sean las imágenes, que durante mucho tiempo han sido parapetadas por los intereses mezquinos de quienes piensan que ocultando la miseria ganamos) es un paso correcto hacia la disminución de los índices pobreza y desigualdad que muestra la ciudad.
Recordemos que la guerra del Vietnam llegó a su fin cuando la televisión a colores llevó a los hogares norteamericanos las imágenes del horror de la carnicería humana que se venía cometiendo.
Solo de esta forma lograremos volver la mirada de quienes torcieron sus ojos a esta cruel realidad, especialmente una Administración Distrital indolente en la que los programas de su Plan de Desarrollo para combatir la exclusión social han quedado en la gaveta, y cuando su principal consigna para lograr el voto de los desesperanzados fue “irrigar cantidades masivas de dinero en los sectores vulnerables de Cartagena” como «acciones a corto plazo, mientras se trabaja en la implementación de soluciones definitivas a los problemas de Cartagena”.
Al senador Fernando Araujo Rumié y a los promotores de la iniciativa ‘No a la Ley del Despojo‘ les manifestamos que es hora de sentarnos a configurar una salida para que los recursos de la Ley 2038 de 2020, «Por medio de la cual se crea el fondo de Sustentabilidad pro-Cartagena 500 años para la Erradicación de la Pobreza Extrema en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias para el año 2033», se comiencen a ejecutar. No podemos, con un instrumento de esta clase en las manos, ponernos a tirarnos piedras mientras la gente se muere de hambre.
Estamos convencidos de que esta ley es lo suficientemente abierta para que, a través de su reglamentación, podamos encontrar vías para su ejecución.
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