Nuevamente nos referiremos en esta habitual columna de los domingos a la solicitud de crédito presentada al Concejo Distrital por la actual Administración (leer ‘¡Un crédito otra vez!‘).
Y lo hacemos desde esta tribuna porque, no obstante habernos inscritos para participar en la audiencia pública programada por la corporación edilicia para el día 6 del presente mes de abril, a partir de las 10:30 de la mañana, no se nos confirmó nuestra participación ni se nos envió el enlace para entrar de forma virtual a dicha audiencia.
Esta solicitud de crédito, nos guste o no, tiene un profundo contenido social, que nos obliga a reflexionar a quienes hemos sido críticos de la Administración Dau a mirarla con ojos distintos al cálculo político o personal.
Hemos sido acuciosos al demostrar en varias columnas publicadas en este medio digital que en esta Administración el gasto público social ha caído dramáticamente, a cifras del año 2017. Por eso, en el mismo sentido, tendríamos que ser coherentes con aquellas iniciativas que persigan su aumento.
Con respecto a los créditos, tanto el que fue negado por el Concejo Distrital (Proyecto de Acuerdo 112 de 2021), como el que cursa en la actualidad en la corporación, nuestros reproches han estado centrados no en la urgencia o necesidad del gasto sino en que el Distrito debe hacer un mayor esfuerzo en su gestión fiscal y tributaria, es decir, en mejorar la eficiencia en el recaudo de los impuestos, sobre todo en la recuperación de la cartera morosa del Predial y el Industria y Comercio, y no continuar con lo que se ha venido haciendo hasta ahora, que es recurrir a los recursos del crédito para financiar los proyectos.
Igualmente, hemos reconocido que la secretaria de Hacienda es una excelente técnica y que ha implementado mejoras en la gestión fiscal del Distrito.
Estas mejoras, sobre todo, en la actualización catastral, la depuración de la cartera morosa, la priorización del cobro coactivo a los mil predios más significativos en su valor, el cobro a la Nación del predial de La Boquilla, que asciende a $92.915’627.192, permitiría un escenario financiero, dentro de un marco fiscal de mediano plazo, que podría vislumbrar otras formas de financiamiento de los proyectos propuestos dentro de la solicitud del crédito, pero hay aspectos de técnica presupuestal que no son fáciles de implementar. Por ejemplo, no es nada sencillo justificar un crédito adicional al presupuesto de esta vigencia de $160 mil millones con el sustento de que se va a recaudar esa cifra con la recuperación de la cartera morosa.
Ante este escenario, proponemos que, en un gran acuerdo entre el Ejecutivo y el Concejo Distrital, se ceda de parte y parte para poder realizar estos proyectos sumamente necesarios e inaplazables.
Estamos convencidos, de acuerdo al comportamiento histórico de los recaudos por recuperación de cartera del Impuesto Predial Unificado -IPU, periodo 2016-2021, que estos tributos, haciendo la gestión tributaria adecuada, como se aprecia en la siguiente gráfica, pueden apalancar la operación de crédito solicitada sin desfinanciar los proyectos soportados con estos recursos, dentro del presupuesto de la presente vigencia.
Para la vigencia de 2021, estos recaudos ascienden a la suma de $38.810’410.94,44 millones, marcando una tendencia a la baja en la Administración Dau que puede revertirse con las medidas fiscales antes señaladas.
Desde luego, por ser esta clase de tributos de carácter estacional y con algún tipo de contingencia, la banca nacional requerirá de un plan de desempeño y que, por lo menos, estos recursos sean manejados mediante un encargo fiduciario.
En este orden de ideas, el acuerdo de autorización del empréstito debe ser un acuerdo marco, donde no solo se autorice pignorar unas rentas y ejecutar unos proyectos sino que contenga directrices claras para el manejo de la deuda en cuanto a sus desembolsos en el tiempo, para minimizar los costos financieros de la operación y el manejo social de los proyectos.
Una operación de crédito en épocas difíciles y de altas tasas de interés solo se justifica por el alto impacto social que genere; y el hambre y la miseria no dan espera; estos proyectos servirían para generar mucha mano de obra barrial.
Cabe agregar que los proyectos de la pavimentación de las vías en los barrios deben ser con participación comunitaria, al igual que el mejoramiento de vivienda. Creemos que ha llegado el momento de contratar con las Juntas de Acción Comunal, no solo por la corrupción rampante que rodea a las Alcaldías Locales y a muchas Juntas Administradoras Locales sino porque es una promesa fallida de esta Administración y una deuda eterna del Concejo Distrital.
No es hora de cálculos políticos ni personales, es el tiempo de la comunidad.