La respuesta breve a esta pregunta es contundente: sí, pero no.
En su reciente obra El hado de
Isla Cangrejo. Utopías y heterotopías en Cartagena de Indias, Felipe
Merlano de la Ossa realiza un minucioso recorrido por los instrumentos de
planeación que ha tenido la ciudad desde la época colonial hasta nuestros días.
Su conclusión —que compartimos plenamente— es clara: Cartagena sí ha sido
planificada, pero rara vez se ejecuta con fidelidad lo que se propone en el
papel.
Esa ha sido, lamentablemente, la
constante en nuestra historia reciente: una planeación formal que no se traduce
en acciones concretas. La escasa o inexistente planificación del gasto público
es, sin duda, el origen de muchos de los males que nos aquejan: pobreza
estructural, altos niveles de desigualdad y una creciente inseguridad
alimentada por fenómenos como el microtráfico, la drogadicción y la
prostitución.
A ello se suma un modelo de
ordenamiento territorial más estético que funcional, impulsado por la lógica
electoral de la elección popular de alcaldes y por una gobernabilidad sostenida
más en las redes sociales que en la atención de los problemas reales que
afectan a nuestra ciudad. En este contexto, instrumentos clave como el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) terminan marginados, mientras se gobierna a
punta de parques, escenarios deportivos, mobiliario urbano y obras de concreto,
sin un verdadero proyecto de ciudad.
El resultado es una Cartagena
fragmentada, con una institucionalidad frágil y sin continuidad en sus
políticas públicas, donde el cortoplacismo ha desplazado cualquier intento de
visión estratégica. La política local ha estado centrada en un corporativismo
agudo, protagonizado por los gremios de ciudad, que se han apropiado de
observatorios de políticas públicas como Funcicar y Cartagena Cómo
Vamos, desde donde, de forma sutil, presionan la orientación del gasto
público. Lo poco que cae de la mesa se destina a resolver las demandas de las
redes clientelares que sostienen a la clase política.
A esto se suma una clase política
mediocre que, en buena medida, se ha dedicado únicamente a "raspar
chichiguas" del Presupuesto General de la Nación para atender a su
clientela y sus propios intereses. A diferencia de ciudades como Barranquilla,
donde el liderazgo local ha logrado consolidar consensos y ejercer presión para
obtener recursos significativos —lo que explica su posición actual—, Cartagena
parece un villorrio rezagado frente a la pujanza de otras capitales de la
región Caribe. Mientras esas ciudades avanzan con obras estructurales, alianzas
público-privadas y modelos de gobernanza eficaces, nuestra ciudad sigue
atrapada en un bucle de promesas incumplidas, debates estériles y una
desconexión alarmante entre la planeación y la acción.
Siempre hemos achacado estos
males a la escasez de recursos, producto de nuestro bajo desempeño fiscal. Sin
embargo, olvidamos que, hasta antes de 2008, el Presupuesto de Ingresos y
Gastos de Cartagena era levemente superior al de Barranquilla. A partir de esa
fecha, Barranquilla triplicó sus recursos, mientras Cartagena no logró ni
siquiera duplicarlos (véase Las finanzas públicas de Cartagena, 2001–2018,
de Jaime Bonet-Morón y otros), en gran parte gracias al uso de instrumentos de
financiación como la contribución por valorización.
Este importante mecanismo de
financiación ha sido desacreditado en Cartagena, precisamente por los sectores
de mayores ingresos y sus mecanismos de influencia, como ya se ha señalado. Por
ello, obras estructurales y definitivas para el desarrollo de la ciudad, como
el Plan Maestro de Drenajes Pluviales y Adaptación al Cambio Climático —para
las cuales la contribución por valorización es el instrumento más adecuado—,
son cargadas al Presupuesto Distrital. Un ejemplo de ello es el impresentable
proyecto del Sistema Integral de Control de Inundaciones y Renovación Urbana de
Bocagrande y Castillogrande, por más de $100 mil millones, que esta
administración pretende financiar con recursos propios, en detrimento de las
comunidades más marginadas y golpeadas por este fenómeno.
Pero la teoría de la escasez de
recursos para acometer las obras estructurales de la ciudad ha llegado a su
fin.
Si algo no se le puede negar a la
administración Dau fueron sus resultados en gestión fiscal y saneamiento
financiero. Los principales tributos del Distrito crecieron hasta un 23 %, y
esa gestión permitió que, en un corto período de seis años, el presupuesto
ejecutado pasara de $2.123.281’360.186 en 2019 a $4.178.486.877.370 en 2024. Es
decir, un crecimiento del 96,79 %.
Pero como la dicha no es
completa, al alcalde Dau se le dio por no ejecutar el presupuesto. La ciudad
quedó sin sus obras fundamentales… y la plata, en los bancos. Al 31 de
diciembre de 2023, se encontraban en cuentas bancarias casi un billón de pesos,
y $597.150’207.430 sin ejecutar del presupuesto de esa misma vigencia.
A pesar de haber incorporado esos
recursos al presupuesto de 2024, el alcalde Dumek Turbay presentó —y le fue
aprobado— un empréstito por $1.5 billones.
Contrario a la administración
anterior, Dumek Turbay es un terremoto en la ejecución presupuestal, pero un
desastre en la planificación del gasto público. Las prioridades y proyectos
para financiar con los recursos del crédito fueron modificados mediante el
Acuerdo 160 de 2024. Sin embargo, nuevamente se solicita otra modificación.
Para esta Administración ya las
necesidades que urgieron la aprobación del crédito no son las mismas. De igual
forma, el Plan de Desarrollo Cartagena, Ciudad de Derechos ya fue modificado,
y ahora se solicita una nueva modificación.
Definitivamente, la planificación
del gasto público es nuestro dolor de cabeza. Esta administración ejecuta como
un buldócer, pero no planifica el gasto.
El caos contractual es de tal
magnitud que Lucely María Morales Ramos, directora financiera de Presupuesto
Distrital, mediante memorando AMC-MEM-000714-2025 del 17 de junio de 2025, hizo
un enérgico llamado a las Unidades Ejecutoras del Distrito para que, desde la
planeación precontractual, ajusten los estudios previos que permitan señalar en
los contratos el plazo de ejecución durante la presente vigencia fiscal. Esto,
porque al revisar los anexos de las solicitudes de Registro Presupuestal, se
evidenció que muchas exceden la vigencia fiscal.
Para entender la gravedad del
asunto, debe tenerse en cuenta que el registro presupuestal se otorga después
de que el contrato ha sido adjudicado o suscrito.
Todo esto sucede en Cartagena,
donde, desde 2020 hasta la fecha, han quedado en los bancos, al cierre de cada
vigencia, más de $3.6 billones y sin ejecutar $1.6 billones. Y, aun así, se
aprueba un empréstito por $1.5 billones más, sin que se sepa con certeza qué se
va a hacer con ese dinero. Entonces me pregunto: ¿Existe Secretaria de
Planeación en el Distrito?